Los Estados fallan… porque el gobierno falla

Si entendemos que el Estado es solo el agente racional, autónomo y unitario con metas coherentes que reconocen y persiguen los intereses de la nación como un todo, tal y como nos han enseñado a los que nos dedicamos a las ciencias políticas e internacionales, nosotros, los estudiosos y teóricos de estos temas, tenemos parte de la responsabilidad en que las autoridades puedan excusarse tras frases como “falló el Estado” que no es lo mismo a “fallamos como gobierno”.

Esa distinción es importante porque si entendemos que existe una responsabilidad que tienen las autoridades estatales respecto a nuestra seguridad y desarrollo como miembros de la comunidad que dirigen, frases como “fallamos como Estado” parecen buscar excusar de esta responsabilidad que a las personas que decidieron aceptar cualquier cargo público, ya sea de elección popular o de designación. Y es que, es cierto que cualquiera puede cometer un error humano; pero entonces… ¿por qué diríamos que falló el Estado?

La teoría realista de las relaciones internacionales, esa que ha sido prácticamente el manual bajo el cual muchos estatistas han basado sus acciones internacionales, es la que permite discursos globalizadores como el de “fracasamos como Estado”, porque en un mundo caótico y anárquico “necesitamos ser uno para poder hacer frente al otro”. Una entidad unitaria que genere derechos, y que a través de instituciones sea capaz de garantizarlos.

En la teoría más pura, el Estado se compone de territorio, población y soberanía que conforman un único ente, pero ¿cómo somos uno cuando a sectores que conforman ese uno no se les reconoce como interlocutores válidos? Y no estoy hablando sobre que, a las mujeres, a los niños y niñas, a los adolescentes, a los pueblos indígenas o cualquier persona que no sea parte del entramado político y gubernamental no se le reconozcan derechos básicos.

Chile, como otros Estados han reconocido en sus constituciones estos derechos, han firmado y ratificado convenciones internacionales de carácter vinculante para dar respuesta a las diferentes realidades que se viven dentro del Estado. Pero ¿quién es que da la cara por esas firmas?, ¿el presidente?, ¿el ministro del interior?, ¿el diputado?, ¿el funcionario que recibe la denuncia?, ¿quién es Chile?, ¿quién es México o cualquier otro Estado que quiera nombrar?

Consigna de protestas en México contra los feminicidios.

Algunos slogans políticos que hemos escuchado en tiempos de campaña o en tiempos de crisis podrían decir “Chile, México o Mozambique somos todos y todas las chilenas, mexicanas o mozambiqueños” pero eso, aunque en parte es cierto, nuestros alcances no son los mismos y es ahí donde tenemos que empezar a ser coherentes con uno mismo y a diferenciar entre Estado y gobierno. Spencer ya nos hablaba en la teoría funcionalista que cada uno de nosotros cumple una función en un sistema más grande.

Así, el presidente no es solo padre de familia con funciones específicas al interior de su lógica familiar, sino también es presidente y ahí responde a las obligaciones y responsabilidades que ese cargo público le entraña pero bajo dos lógicas diferentes. Por un lado personaliza al Estado, al asumirse como la cabeza de ese ente racional que responde a un territorio, población y que goza de soberanía; mientras que por otro lado también encarna al gobierno, quien se encarga de ejecutar, administrar y tomar las decisiones que buscan cumplir los fines del Estado.

Usted y yo no somos solo indígenas, mujeres que forman parte de la población del Estado, sino ciudadanos y ciudadanas con derechos y responsabilidades que nos otorga y debiese garantizar el Estado a través de sus gobiernos; y aquí tenemos una deuda con nuestros niños, niñas y adolescentes a quienes no se les reconoce la ciudadanía y por lo tanto se les complica el acceso a ser escuchados y a formar parte de las discusiones, pero sí algunos derechos y obligaciones. Pero el tema del adultocentrismo en la toma de las decisiones lo dejaré para otro momento.

Hace un par de semanas, Carol Bow, subsecretaria de la niñez chilena, señalaba la necesidad de que los poderes estatales, en este caso, los de justicia, tomen su parte de responsabilidad respecto a las insuficientes medidas de protección que se han aplicado no solo en el trágico e indignante caso de Ámbar Cornejo, sino en el de todos los casos que han sido denunciados y a los cuales la justicia no ha sabido ni podido responderles. Aunque he de admitir que poner en tela de juicio los derechos humanos de cualquiera, incluso de aquellos a los que se les priva de su libertad, no sólo es peligroso sino inadmisible. Pero ese es un tema también para otro momento.

No obstante, no podemos perder de vista ni permitir que nos vendan la continua imagen de que el Estado es lo mismo que el gobierno, porque entonces las fallas de uno pareciesen ser del otro de manera indistinta y no es así. Más allá del debate teórico, no podemos pasar por alto que hay personas que forman parte, crean y ejecutan esas instituciones, políticas y leyes en diferentes niveles y momentos, y que dan vida de un modo u otro al gobierno y al Estado.

Y, aunque en este caso la subsecretaria pusiera en la mira en la responsabilidad de quienes conforman el sistema de justicia chileno, que sin duda tienen que hacer no sólo una introspección de sus malas prácticas, sino vigilar que los procesos que se realicen sean bajo el debido proceso y los más altos estándares internacionales; todas y todos debemos poner atención en que cada uno de los funcionarios de los distintos poderes y niveles estatales cumplan y hagan uso de sus  capacidades humanas y materiales y de los mandatos jurídicos no sólo para detectar y poner fin a las malas prácticas, errores y omisiones del gobierno sino para transformar al Estado que está siendo incapaz de garantizar nuestra seguridad.